La
modernización y el proyecto
educativo
del Porfiriato
El
proyecto educativo del Porfiriato
es uno:
la modernización de la educación,
con la
idea de establecer un
sistema
educativo nacional, federal,
uniforme,
homogéneo, racional, laico
y
controlado única y exclusivamente
por el
Estado.
Porfirio
Díaz procuró, por diversos
medios,
transformar la sociedad
que había
recibido y convertirla en
moderna,
siguiendo para ello el ejemplo
de los
países avanzados; el orden
y el
progreso, premisas básicas del discurso
positivista
y del mundo industrial
en
ascenso, nutrieron el contenido
de la
modernidad. Para lograr este
objetivo,
resultaba necesario e indispensable
contar
con un Estado nuevo;
en este
sentido, el pensamiento positivista
ofreció
importantes elementos
para su
conceptualización: el orden
sólo
podía ser alcanzado por un Estado
fuerte
donde el presidente concentrara
amplios
poderes y ejerciera un control
total
sobre la sociedad; la libertad
política
sería sacrifica en aras de la
evolución
social. El trabajo del grupo
en el
poder se centró en consolidar
un Estado
poderoso que tuviera las
posibilidades
de impulsar y sostener
un
proyecto de nación; para ello, era
necesario
modificar las estructuras
políticas
y económicas vigentes. Para
lograr
tan ambicioso objetivo, había
que
transformar la sociedad y qué
mejor
manera que por medio de una
educación
moderna,
libre, gratuita,
obligatoria
y
uniforme.
La
mayoría de los educadores y
pedagogos
de la época15 concebían
la
educación moderna como una educación
racional,
científica, objetiva, y
laica;
para llevar a cabo el proyecto
modernizador
resultaba indispensable
que las
escuelas fueran modernizadas
en sus
espacios, mobiliario,
contenidos
curriculares, libros de
texto y
maestros; aunado a esto, la
educación
debía
lograr la uniformidad,
homogeneidad
y obligatoriedad
en todo
el país, pues sólo así se lograría
una
exitosa difusión del discurso
liberal
en todas
las escuelas. El proyecto
era
claro, los actores estaban en
el
escenario: maestros, educadores,
pedagogos,
políticos, ministros y a
la cabeza
el presidente de la República,
el
General Porfirio Díaz; por
primera
vez, la educación tenía un
rostro
definido: la modernidad
avalada y
sostenida por el régimen
porfirista.
Durante
la gestión del Ministro
don
Joaquín Baranda (1880-1901),
se logró
conformar un proyecto educativo
de corte
nacional, con especial
énfasis
en la educación primaria y la
formación
de profesores; bajo su liderazgo,
se
obtuvieron importantes
avances
en materia de legislación
educativa,16
pero sobre todo se logró
la
organización y realización de los
Congresos
de Instrucción Pública,
celebrados
en la ciudad de México
durante
los años de 1889-1890 y
1890-1891.
La celebración de los
Congresos
educativos marcó un
parteaguas
en la educación del país;
se puede
decir que, a partir de ellos,
la
educación inició realmente un proceso
de
modernización en diversos
ámbitos.
La
segunda mitad de la década
de los
ochenta del siglo xix representó
un
momento particularmente
especial,
pues durante estos años
se
esgrimieron una serie de leyes y
reglamentos
que dieron paso a la
creación
de un marco normativo
para
impulsar la modernización de
la
educación; bajo esta dinámica, la
educación
pública fue especialmente
atendida,
en
particular el nivel primario,
aunque
también se realizaron
importantes
avances para normar la
educación
privada.
17 La
élite educativa
que
rodeaba al General Díaz
buscaba
generar nuevos enfoques
educativos
con miras a establecer
una
educación vinculada con el proceso
de
industrialización que se imponía
en el
mundo; además, intentaba
formar
nuevas generaciones de ciudadanos
trabajadores,
sanos y disciplinados.
La vida
escolar fue trastocada por
los
vientos modernizadores; se dio énfasis
a la
reformulación de los planes
y programas
de estudio, que dieron
pie a la
conformación de un currículo
renovado;
el establecimiento de
métodos
de vanguardia, retomados
de
experiencias norteamericanas; la
puesta en
práctica
de
actividades
que
enfatizaban la parte racional,
científica,
cívica y práctica de la
enseñanza;
todo ello formaba parte
de un
ideal de formación moderna.
Los
libros de texto no quedaron al
margen de
estas transformaciones;
muy por
el contrario, fueron objeto
de
atención especial por parte de las
autoridades
educativas, de los pedagogos
y de los
maestros. Cada disciplina
fue
diseñando sus propios libros
de texto,
elaborados de acuerdo con
la
normatividad establecida, ya que
de no ser
así, no tendrían posibilidad
de ser
aceptado
en las
escuelas.
A partir
de 1885, la Escuela Normal
de
Maestros se encargó de seleccionar
los
textos para el ciclo escolar
correspondiente.
La
preparación cívica e histórica
de los
niños fue particularmente
cuidada
por el Estado liberal; para su
enseñanza
se contó con programas
y libros
escolares especialmente
diseñados
para tal fin; para 1887, el
currículo
de primaria incluía una
materia
nueva: “Instrucción Moral y
Cívica”;
al respecto, Justo Sierra
anota:
“en las escuelas primarias de
todos los
ámbitos de la nación se formará
no sólo
al hombre socialmente
hablando
sino al ciudadano mexicano,
inspirado
en los
grandes ideales que
la patria
persigue”.18 Todos los planes
de
estudio posteriores incluyeron e
incluyen
la materia de civismo.
La década
de los ochenta fue
particularmente
fructífera
en materia
educativa,
pues en este período se
organizaron
dos importantes y fundamentales
congresos:
el Higiénico
Pedagógico
(1882) y el de Instrucción
Pública
(1889-1890), que incidieron
en la
reorganización de la
educación
primaria en el país; marcaron
el inicio
de una serie de reformas
que
condujeron a la educación
pública a
tomar nuevos caminos.
Para
1888, se publicó la Ley de
Instrucción
Pública; las materias
consideradas
como básicas en esta Ley
incluían
la: “instrucción moral y cívica,
la lengua
nacional, la lectura
y
escritura, las nociones de cálculo
aritmético
y geometría, los elementos
de
ciencias fundamentales de observación
y
experimentación, datos elementales
de
geografía y nociones de
historia
natural, dibujo, canto coral,
manejo de
los útiles de los oficios
mecánicos,
ejercicios gimnásticos,
ejercicios
militares (para niños) y labores
manuales
(para niñas)”.19 Todas
estas
materias estaban encaminadas
a
fortalecer la formación cívica y científica
de los
alumnos e implicaron
modificaciones
en la estructura del
currículo.
A su vez,
esta legislación enfatizó
el
carácter de obligatoriedad de
la
enseñanza elemental en el Distrito
Federal y
Territorios, para varones y
mujeres
de 6 a 12 años;20 de fondo
estaba
nuevamente el plan para impulsar
una
educación unitaria, que
ofreciera
los mismos conocimientos
en todas
las escuelas públicas; al ser
obligatoria
la enseñanza, el discurso
liberal
podía fluir más fácilmente.
La década
de los noventa resultó
particularmente
prolífica para la educación;
se dieron
importantes medidas
que
fortalecieron el aparato
educativo
a cargo del Estado, el cual
tuvo cada
vez mayores facultades
para
dirigir la enseñanza pública. La
legislación
hacía énfasis en los programas
y en los
métodos. Al respecto,
la Ley
Reglamentaria de 1896 indicaba
en el
art. 66°: se establece una
Dirección
General de Instrucción
Primaria,
á fin de que ésta se difunda
y atienda
con uniformidad, bajo un
mismo
plan científico y administrativo.
21 Cada
materia contaba con su
respectivo
programa, que detallaba
por año
escolar las actividades y contenidos
que
debían tratarse por grado;
el
profesor contaba con una guía para
la
enseñanza de los aspectos fundamentales
del
programa de estudios,
pero,
sobre todo, con los lineamientos
para que impartiera
solamente lo
estipulado
por la autoridad.
En 1908
se promulgó la Ley de
Educación
Primaria, que si bien era
para el
Distrito Federal y Territorios,
fue
acogida en breve tiempo por todo
el país.
Este documento expresa los
intereses
del equipo diseñador de la
política
educativa22 y, en particular,
la visión
de Justo Sierra, responsable
de la
educación del país; se destacaban
los
aspectos prioritarios de esta
política,
que se resumían en tres: el
aspecto
moral y cívico, que ahora
adquiría
tintes modernos, acordes
con el
proyecto de industrialización
que
invadía al mundo occidental y que
requería
de la formación de ciudadanos
obedientes
y disciplinados; y los
aspectos
científico y físico.
La
política educativa del régimen
porfirista
se sustentó no sólo en legislación,
sino que,
por primera vez en
todo el
siglo xix, se pasó de las buenas
intenciones
a las acciones concretas;
un
presupuesto y un espacio político
administrativo
propio le dieron la
fuerza
para poder esgrimir un fuerte
proyecto
modernizador, por supuesto,
éste
contó con el aval político de
Porfirio
Díaz y con la inteligencia,
compromiso
e iniciativas
de
maestros,
pedagogos
y educadores mexicanos
y algunos
de ellos extranjeros, que
ofrecieron
grandes aportaciones a
la educación
mexicana; destacan:
Enrrique
C. Rébsamen, E. Laubcher
y
Leopoldo Kiel entre otros. Todo
ello se
conjuntó para la transformación
educativa.
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